La ONU denuncia a España por violar el derecho a la educación inclusiva de niños con discapacidad
El pasado 22 de marzo, el Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad emitió un informe provisional señalando que España vulnera gravemente el derecho a la educación inclusiva de los niños y niñas con discapacidad. El informe critica directamente a la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) por permitir un sistema de enseñanza discriminatorio y a las leyes de varias comunidades autónomas por respaldar centros educativos segregadores.
Según el informe de Naciones Unidas, más de 41.000 alumnos con discapacidad en España están escolarizados en modalidades de enseñanza segregadora. Esta cifra ha aumentado en los últimos años debido a la creciente tendencia de centros educativos ordinarios a apartar a estos alumnos en aulas especiales. Este panorama es incompatible con el modelo educativo inclusivo que, según la ley actual, debería estar completamente establecido en 2031.
Agustín Matía, director de DOWN ESPAÑA, enfatiza que la educación inclusiva y de calidad para las personas con discapacidad es un derecho fundamental, no una recomendación opcional. Matía destaca que el sistema escolar debe crear apoyos individualizados y ajustes razonables para garantizar la inclusión educativa, y rechaza la existencia de un sistema educativo paralelo de educación especial como una forma de discriminación.
DOWN ESPAÑA ha enviado una carta a la ministra de Educación, Pilar Alegría, exigiendo la implementación urgente del "Plan para la Educación Inclusiva" comprometido en la LOMLOE. La Federación solicita que este plan se elabore sin excusas y con la participación de expertos nacionales, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los agentes educativos.
Entre las medidas solicitadas por DOWN ESPAÑA se encuentran:
- La elaboración urgente del ‘Plan de Inclusión Educativa’ que cumpla con los requerimientos de la ONU.
- La aprobación de medidas positivas para la inclusión, como la accesibilidad y los apoyos dentro de las aulas.
- La promoción de cambios en las valoraciones del alumnado con discapacidad, enfocándose en sus potencialidades y eliminando barreras estructurales y metodológicas.
- Un plan de formación ambicioso para el profesorado en estrategias y prácticas educativas inclusivas.
- La participación de organizaciones de familias y apoyo a personas con discapacidad en las escuelas.
- Mayor financiación en los presupuestos públicos para apoyar la transformación inclusiva del sistema escolar.
- La convocatoria del Foro de Inclusión Educativa para debatir y planificar estas transformaciones.
Matía concluye que ajustar el sistema educativo para proporcionar educación inclusiva a personas con discapacidad es una tarea compleja que requiere reflexión, formación, financiación y voluntad política. Subraya la necesidad de tomar en serio los derechos de las personas con discapacidad y actuar con coherencia y determinación.